Esta norma, impulsada en 2015 por el ex-ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, estaba recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional por cercenar derechos fundamentales y atentar contra la tutela judicial efectiva, y ha supuesto hasta ahora para los policías “una mala herramienta de trabajo”.

Es una ley calificada por ARP como poco efectiva para la concordia y la paz social de los servidores del orden y la ciudadanía. Si su precursor ha sido relevado por el gobierno actual, como consecuencia a una gestión polémica y no exenta de actuaciones negativas para la institución policial, se debe admitir sin ningún tipo de complejos por el actual equipo ministerial que la ley también tenga fecha de caducidad en los próximos días y acabar con el rechazo social que supone su existencia.

ARP desde sus comienzos, de manera inequívoca y con nítido reflejo en nuestro diseño de un nuevo modelo de seguridad estatal fuimos la única organización sindical policial que pidió derogación de dicha norma.

La Policía debe tener elementos legales para mantener la seguridad ciudadana con normativas de amplio consenso político, y por tanto, un mayoritario apoyo social que permita trabajar a sus funcionarios en unas condiciones distintas a las actuales.

La Agrupación Reformista de PolicÍas aboga por la defensa y protección efectiva de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. En definitiva, anteponer los derechos de las personas al engrose de las estadísticas con objetivos políticos como en muchos puntos contempla la actual ley objeto de derogación. Los partidos políticos deben plantear las iniciativas legislativas capaces de ofrecer una ley ajustada a derecho, poniendo fin a millones de identificaciones sin razón alguna para su existencia y que originan múltiples molestias a la ciudadanía. Y todo ello con posible vulneración de derechos civiles en la mayoría de las ocasiones, recurriendo a sanciones económicas desproporcionadas como única alternativa para justificar actuaciones no exentas de dificultad para los funcionarios policiales.

Por lo tanto desde ARP instamos a la totalidad de las formaciones políticas y al Gobierno del Partido Popular esfuerzos tendentes a la necesaria derogación de Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Y que en su lugar se apruebe una nueva Ley sobre Seguridad Ciudadana, que contemple las necesidades y sensibilidades de los distintos sectores, todo ello en defensa de una legislación consensuada, moderna y efectiva.

DESCARGAR pdfs.. Modelo Policial versión resumida   —   Nuevo Modelo de Seguridad Estatal y Marco de Representación Sindical Policial ARP

En Madrid, a 23 de marzo de 2017

Órgano Coordinador de ARP

Agrupación Reformista