- María José Salvador asegura que la prioridad es "facilitar el acceso a la vivienda a las diferentes capas de la sociedad, especialmente a aquellas con situaciones más complicadas"

- La Conselleria ha asignado 73 VPP en la provincia desde la aplicación de los criterios sociales que prioriza a determinados colectivos

(22/09/2018) Con ellas, ya son 73 las viviendas de la provincia de Alicante que se han asignado tras la resolución del 16 de junio de 2017, que prioriza el acceso a VPP a colectivos como víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; discapacitados con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; menores de 35 años; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad, entre otras.

La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha declarado que, desde la Generalitat, "se trabaja intensamente para implantar una política de vivienda que atienda la situación real de las familias y actúe sobre las causas concretas que dificultan el acceso a un hogar". Asimismo, ha asegurado que su principal objetivo es facilitar este acceso a las diferentes capas de la sociedad, "haciendo especial hincapié en aquellas que tienen que hacer frente a situaciones más complicadas", como son los casos que recogen los nuevos criterios sociales.

Alicante ciudad es el municipio en el que se han llevado a cabo más asignaciones, con un total de diez. Todas ellas corresponden a la promoción PAU 2.  EV  gestiona en esos bloques 108 viviendas en alquiler, de las que la mitad están arrendadas de régimen general y la otra mitad se reserva a gente joven, menor de 35 años.

Desde la aprobación de los criterios sociales, en PAU 2 se han cedido 34 viviendas, lo que demuestra que, para el actual Consell, "la fórmula de la vivienda protegida se ha convertido en un modelo prioritario y necesario para dar respuesta a un segmento considerable de la población", ha destacado Salvador.

Le sigue Benidorm, donde se han firmado cuatro contratos de alquiler asequible. Dos de estas viviendas se destinan a personas mayores y otras dos a jóvenes. Hay que tener en cuenta que los nuevos criterios sociales de acceso a las VPP se priorizan estos dos colectivos, ya que, en el caso de los menores de 35 años, se considera que la precariedad del mercado laboral dificulta su acceso a una vivienda. Castalla es otro de los municipios en los que se ha asignado otra vivienda, en este caso también destinada a personas mayores.